Cuando nos enfrentamos a tener que tomar una decisión respecto de una de dos o más posibles opciones, el consejo que todos nos dan es el evaluar todos los puntos a favor y todos los puntos en contra de cada una de las posibles opciones, y de esa forma poder elegir aquella opción cuyos puntos a favor superen los puntos en contra.
Para las decisiones cotidianas, este método es muy bueno, pero cuando las decisiones que debemos de tomar involucran cantidades de dinero, ya sea desembolsos o posibles ingresos, el poder sopesar puntos a favor y puntos en contra, no parece la metodología más adecuada, ya que es importante poder cuantificar esos desembolsos y esas ganancias potenciales para poder estar en condiciones de poder tomar una decisión.
Es en este punto que la formulación y evaluación de un proyecto de inversión cobra relevancia, sin embargo, en ocasiones la formulación y evaluación de un proyecto de inversión se ha limitado a la construcción de unas flujos de efectivo potenciales, y su respectiva evaluación económico – financiera, limitándose a determinar si al inversión es rentable en términos financieros, y dejando de lado otros aspectos relevantes relacionados con la operación que dará origen a esos flujos de efectivo potenciales.
En este sentido, es importante señalar las dos grandes etapas que debe realizarse para contar con un proyecto de inversión, de forma que se generen las condiciones de toma de decisiones que requerimos para tener certeza de que es factible optar por esa opción que elegiremos.
La primera etapa es la formulación de los flujos de efectivo de las distintas opciones que tenemos sobre las cuales debemos elegir, para esto, es importante considerar por lo menos aspectos relacionados con:
- Ventas estimadas, incluyendo precio unitario, unidades a vender o bien ventas totales.
- Costo de compra o producción de los artículos que venderemos.
- Comisiones o gastos relacionados con la venta o comercialización.
- Sueldos y personal a incluir en cada alternativa, incluyendo la carga laboral en prestaciones.
- Pago de servicios.
- Valor de la inversión en cada alternativa, así como gastos de instalación y adecuación de infraestructura.
- Capital de trabajo necesario para iniciar operaciones.
Además de lo anterior resulta relevante considerar aspectos de la operación tales como:
- Aspectos tributarios (régimen, impuestos a pagar, entre otros).
- Facilidades para conseguir financiamiento, y tipos de financiamiento.
- Permisos y requisitos legales de operación.
Con toda esta información, estaremos en posibilidad de construir los flujos de efectivo de nuestro proyecto, los cuales nos permitirán realizan la evaluación económico – financiera de las alternativas que tengamos para elegir, es importante señalar que se recomienda que las proyecciones se presenten de forma anual, y que el primer año presente un nivel de detalle por lo menos trimestral.
Para la segunda etapa, la evaluación del proyecto, es necesario considerar por lo menos seis viabilidades en el alcance de la evaluación, siendo estas:
- Económico – Financiera.
- Técnica.
- Normativa.
- Legal.
- Política.
- Ambiental.
La evaluación económico – financiera consiste en aplicar a nuestros flujos de efectivo una serie de parámetros financieros que permitirán medir la rentabilidad de los flujos de efectivo, así como su recuperación en términos de tiempo y de valor del dinero, por lo que la viabilidad económico – financiera deberá atender por lo menos:
- Valor presente neto de los flujos de efectivo (VPN o VAN)
- Tasa interna de retorno (TIR)
- Periodo de recuperación de la inversión
- Índice de rentabilidad (IR)
Las reglas de decisión respecto de cada parámetro son las siguientes, en lo que respecta al VAN, se requiere que el valor presente neto de los flujos de efectivo sea positivo, esto representa que los flujos de efectivo obtenidos superan la expectativa de rendimiento, en caso de que el VAN sea igual a cero, quiere decir que solamente se alcanzan los rendimientos esperados dada cierta tasa de retorno requerida por el inversionista, y si el VAN es negativo, entonces quiere decir que los flujos de efectivo no alcanza a cumplir el mínimo de expectativa requerida por el inversionista.
En lo que respecta a la TIR, se requiere que esta sea superior a la tasa esperada por el inversionista para una determinada alternativa, y esta tasa es el rendimiento máximo que darán los flujos de efectivo determinados, en consecuencia, y como ya se ha mencionado, la TIR hace que el VAN sea cero.
En lo que respecta al periodo de recuperación, el ideal es que sea lo más pronto posible, señalándose en la literatura que entre un periodo de un año y medio a dos años y medio es aceptable, sin embargo es necesario contextualizar el horizonte de tiempo de las alternativas que se están evaluando, ya que el periodo de recuperación deberá considerarse en términos de la vida del proyecto, y no solamente como una estandarización de tiempo, recordemos que cada proyecto es distinto en términos de su duración.
El Índice de rentabilidad es el resultado de dividir el VAN entre el valor de la inversión, debiendo ser positivo este indicador y de preferencia mayor a la unidad.
Es importante en este apartado, realizar también una revisión de los aspectos de mercado (oferta y demanda), de forma que nos ayuden a presentar evidencias relacionada con la factibilidad de que se cumplan los flujos de efectivo presentados.
En lo que respecta a la viabilidad técnica, es importante evaluar si las personas que participan en cada una de las opciones que se están evaluando cuentan con los conocimientos, capacidades y habilidades en la materia objeto del proyecto, de forma que puedan realizar las actividades necesarias para que se generen los flujos de efectivo, y en caso de que no sea así, se reconozcan las áreas de oportunidad y se presente las alternativas para que se atiendan, siendo importante verificar que esa falta de capacidad técnica no afecte los flujos de efectivo presentados, y de ser así, se reconozca y se incorpore esta afectación.
El análisis de la viabilidad normativa está relacionado con la identificación de aquellos aspectos regulatorios (como lo son las Normas Oficiales Mexicanas NOM) que nuestro proyecto debe atender, y consiste no sólo en la identificación de estos elementos, sino también en la formulación de los planes para atender estos aspectos normativos por parte de la operativa del proyecto.
La viabilidad legal está relacionada con la determinación del marco jurídico que regula la actividad que vamos a desarrollar en el proyecto, es decir, que la actividad objeto del proyecto sea lícita, esto parece una obviedad, sin embargo siempre es importante identificar aquellos aspectos jurídicos relacionados con nuestras actividades.
El aspecto que analiza la viabilidad política, está relacionado con la resistencia al cambio o barreras a la implementación del proyecto que podemos encontrar dentro de una organización, las cuales deberán ser evaluadas y deberán determinarse procedimientos de sensibilización al personal para efectos de la adecuada implementación del proyecto que se elija.
Por último, y no por eso menos importante, en los últimos años ha cobrado fuerza el concepto de sustentabilidad ambiental y responsabilidad social corporativa, y es en este sentido, que se ha comenzado a detectar perfiles de inversionistas que otorgan una determinada importancia al impacto ambiental de una propuesta de negocio, de forma que la viabilidad ambiental busca se incorporen en los elementos de evaluación de un proyecto, todos aquellos posibles impactos medioambientales del mismo, y las líneas de acción para mitigar estos impactos ambientales.
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